lunes, 11 de junio de 2012

Inseguridad y desplazados en Costa de Marfil

El gobierno de Liberia anunció el sábado  "el cierre inmediato" de su frontera con Costa de Marfil al día siguiente de que murieran ocho civiles, siete cascos azules de la Operación de  Naciones Unidas en Costa de Marfil (ONUCI) y al menos un militar marfileño  en un ataque contra pueblos marfileños cercanos a la frontera.
 
Hoy, la Agencia Misna informa de que por temor a nuevos ataques, cientos de civiles abandonaron sus propias aldeas, huyendo hacia la ciudad de Taï donde algunos de ellos ya están recibiendo asistencia. 
La información proviene de fuentes de la Oficina para la Coordinación de Ayudas Humanitarias de las Naciones Unidas (OCHA) en Costa de Marfil.

 La oleada de desplazados, que se dirigen hacia Guiritou, es consecuencia directa de la emboscada que se produjo el viernes, y en la cual siete cascos azules de la misión de la ONU en Costa de Marfil (ONUCI) fueron muertos en las inmediaciones de la aldea de Para. 
Fuentes locales  de prensa señalan que se trata de la primera agresión de ese tipo contra las fuerzas de paz. Los soldados nigerinos estaban llevando a cabo actividades rutinarias de patrullaje en una zona limítrofe lindante con Liberia, inestable desde la crisis que siguió a las elecciones del 2011.
Fuentes concordantes atribuyen el ataque a “individuos armados llegados desde Liberia” que, en un segundo momento también atacaron varias aldeas al sur de Taï, entre ellas Sakré y Nigré, matando a ocho civiles y un militar marfileño.

El sudoeste de Costa de Marfil, principal región productora de café y cacao –principales recursos económicos del país– el año pasado pagó el precio más alto del conflicto entre el presidente saliente Laurent Gbagbo y su rival, el actual jefe de estado Alassane Dramane Ouattara. Unas 3.000 personas perdieron la vida en la crisis que concluyó con el arresto de Gbagbo. En realidad, la región ya era una de las más inestables del país, a causa de las rivalidades por el control de las plantaciones y por la cercanía con Liberia, escenario de una guerra civil entre 1989 y 1997. La porosidad de la frontera y la lucha contra los numerosos elementos armados y mercenarios constituyen desde hace años un desafío tanto para las autoridades marfileñas como para las liberianas. El 15 de junio deberían comenzar los patrullajes mixtos entre fuerzas marfileñas y liberianas a lo largo de la frontera, con el apoyo de los cascos azules de la ONUCI.

Cascos azules en Costa de Marfil
El sábado pasado la presidente liberiana Ellen Johnson Sirleaf ordenó el cierre de la frontera, reforzó el despliegue de militares liberianos cpn el apoyo de los cascos azules de la misión de las Naciones Unidas en Liberia (MINUL)  y aseguró que “todos los individuos implicados en ataques a través de la frontera serán arrestados y entregados a las autoridades marfileñas”. El gobierno liberiano también decidió suspender las actividades auríferas y desplazar los campamentos de refugiados de la zona. Los países del África Occidental y el Consejo de Seguridad de la ONU han condenado las violencia y manifestaron su “grave preocupación” pro el deterioro de la situación en la frontera entre Costa de Marfil y Liberia.

Justamente la semana pasada la organización no gubernamental ‘Human Rights Watch’ denunció que “militantes armados hostiles al nuevo gobierno marfileño han reclutado niños liberianos y organizaron incursiones a la región occidental, matando a por lo menos 40 personas” desde julio del 2011. Según la misma fuente, los asaltantes (entre 100 y 150 personas), son sobre todo milicianos marfileños refugiados en Liberia, y mercenarios liberianos que en el pasado estuvieron a sueldo de Gbagbo, que no han hesitado en “reclutar a muchachos de entre 14 y 17 años, adiestrados en un campo establecido en Liberia”. La organización internacional puso en evidencia la “inacción y la falta de voluntad política” del gobierno de Monrovia que “practica la política del avestruz frente a los criminales de guerra que han atravesado la frontera”. Testimonios recogidos por HRW informan que “parte de los combatientes trabajan en la extracción artesanal de oro a lo largo de la frontera común” y que “varios sujetos implicados en la planificación de los ataques habrían recibido un apoyo financiero de personas establecidas en Ghana” donde buena parte de la elite político-militar favorable a Gbagbo vive en el exilio.

El recrudecimiento de la violencia en el oeste marfileño coincide con el inicio (previsto para el 18 de junio) del proceso contra Gbagbo ante el Tribunal Penal Internacional (TPI) con sede en La Haya. El ex-presidente está acusado, entre otras cosas, de crímenes de lesa humanidad

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